Hacia un Estado más eficiente y accesible con la eliminación de 367 tasas

Dumrauf subrayó la magnitud de este proyecto, afirmando que no existen antecedentes en otras provincias argentinas que se acerquen a esta iniciativa. “Lo que buscamos es un cambio de paradigma: en lugar de que cada servicio estatal implique un costo para el ciudadano, en Río Negro todos los servicios públicos serán gratuitos, salvo excepciones claramente estipuladas por normativas especiales”, explicó.

El proyecto propone la modificación de diversas leyes vigentes, eliminando la mayor parte de las tasas administrativas que se cobraban por servicios prestados por organismos provinciales. La reforma impactará sectores clave como ganadería, minería, agrocarburos, y organismos gubernamentales como el Ministerio de Gobierno, el Registro Civil y la Policía. Según lo expuesto por Dumrauf, esta eliminación de tasas representa un ahorro estimado para la ciudadanía de 250 millones de pesos mensuales.

Además de su impacto económico, la simplificación de los trámites administrativos reducirá la burocracia y facilitará la interacción entre los ciudadanos y el Estado. Dumrauf detalló las dificultades actuales: “Hoy, un ciudadano tiene que hacer varios pasos para pagar una tasa, desde ingresar a la página de la Agencia de Recaudación Tributaria hasta generar un comprobante y luego efectuar el pago en un banco o medio digital. Todo este proceso, además de engorroso, requiere recursos humanos dedicados a su control y administración, lo cual queremos eliminar para optimizar la gestión pública”.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Río Negro busca mejorar la eficiencia de los organismos públicos, facilitar la creación de negocios y agilizar trámites, aspectos esenciales para atraer inversiones y fomentar el desarrollo económico. La propuesta incluye también la derogación de leyes especiales, como la que obligaba al pago de sellados en trámites del registro de la propiedad inmueble, un requisito que Dumrauf calificó de obsoleto.

Finalmente, Dumrauf aseguró que los derechos laborales de los trabajadores que percibían incentivos alimentados por estas tasas serán respetados. "El Poder Ejecutivo tomará los recaudos necesarios para garantizar que estos beneficios no se vean afectados", afirmó, destacando que la propuesta será discutida en paritarias para definir los mecanismos de compensación adecuados.